El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario mediante la que se financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) a las centrales nucleares en explotación.
En aplicación del principio "quien contamina paga", la actualización de la prestación permitirá cubrir los costes del desmantelamiento de las centrales nucleares, una vez que se produzca su cese definitivo de actividad. También atenderá la gestión de sus residuos y del combustible nuclear gastado, incluyendo su depósito definitivo en un Almacén Geológico Profundo, según contempla el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR).
PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO
En todos los países con energía nuclear, la planificación de la gestión de los residuos radiactivos contempla larguísimos plazos. Según el 7º PGRR, las actividades para desmantelar las centrales y almacenar de forma segura y definitiva el combustible gastado y los residuos radiactivos que han producido durante su explotación y desmantelamiento, deberán desarrollarse hasta el año 2100.
Existe, por tanto, un importante desfase temporal entre el momento en el que las centrales abonan la prestación –mientras se encuentran en explotación– y el periodo, mucho más extenso, en el que se produce el gasto, de modo que la prestación debe tener el valor necesario para evitar déficits posteriormente. El objetivo de la actualización aprobada hoy es que se equilibren los ingresos y los costes soportados por esta prestación.
SERVICIO PÚBLICO FINANCIADO POR LAS CENTRALES NUCLEARES
En España, el Estado realiza los desmantelamientos y la gestión de los residuos radiactivos como un servicio público esencial a través de la empresa pública Enresa, que es también la encargada de la gestión del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, al que se destina la prestación.
En otros países, los titulares de las centrales nucleares deben dotar las correspondientes provisiones para hacerse cargo de todos los costes del desmantelamiento y de la gestión de los residuos radiactivos, que son costes operativos ordinarios de las centrales.
El importe actualizado de la tarifa fija unitaria que se utiliza para el cálculo de esta prestación patrimonial, calculado a partir del valor del Fondo a cierre de 2023 y de la previsión actualizada de costes futuros, se sitúa en 10,36 €/MWh. Entrará en vigor el 1 de julio, tras la publicación del Real Decreto en el BOE.
En aplicación del principio "quien contamina paga", la actualización de la prestación permitirá cubrir los costes del desmantelamiento de las centrales nucleares, una vez que se produzca su cese definitivo de actividad. También atenderá la gestión de sus residuos y del combustible nuclear gastado, incluyendo su depósito definitivo en un Almacén Geológico Profundo, según contempla el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR).
PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO
En todos los países con energía nuclear, la planificación de la gestión de los residuos radiactivos contempla larguísimos plazos. Según el 7º PGRR, las actividades para desmantelar las centrales y almacenar de forma segura y definitiva el combustible gastado y los residuos radiactivos que han producido durante su explotación y desmantelamiento, deberán desarrollarse hasta el año 2100.
Existe, por tanto, un importante desfase temporal entre el momento en el que las centrales abonan la prestación –mientras se encuentran en explotación– y el periodo, mucho más extenso, en el que se produce el gasto, de modo que la prestación debe tener el valor necesario para evitar déficits posteriormente. El objetivo de la actualización aprobada hoy es que se equilibren los ingresos y los costes soportados por esta prestación.
SERVICIO PÚBLICO FINANCIADO POR LAS CENTRALES NUCLEARES
En España, el Estado realiza los desmantelamientos y la gestión de los residuos radiactivos como un servicio público esencial a través de la empresa pública Enresa, que es también la encargada de la gestión del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, al que se destina la prestación.
En otros países, los titulares de las centrales nucleares deben dotar las correspondientes provisiones para hacerse cargo de todos los costes del desmantelamiento y de la gestión de los residuos radiactivos, que son costes operativos ordinarios de las centrales.
El importe actualizado de la tarifa fija unitaria que se utiliza para el cálculo de esta prestación patrimonial, calculado a partir del valor del Fondo a cierre de 2023 y de la previsión actualizada de costes futuros, se sitúa en 10,36 €/MWh. Entrará en vigor el 1 de julio, tras la publicación del Real Decreto en el BOE.